El Pequeño Cronista
COLUMNA ESPECIAL
En política los silencios dicen más que los discursos. El reciente señalamiento en el Congreso mexiquense sobre el presunto desvío de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa no solo exhibe una operación financiera cuestionable, sino también un entramado de complicidades que va desde diputados y magistrados hasta la propia Fiscalía del Estado de México.
La historia es clara: el 1º de diciembre de 2023 se dispersaron recursos millonarios desde las cuentas del tribunal. La operación no fue un “hackeo”, como intentó justificar el entonces presidente del órgano, Gerardo Béquer, sino una transferencia bancaria que requiere pasos formales y autorización directa. Todo quedó registrado: hora, cuentas destino, autorizaciones. Nada de eso ha sido investigado a fondo.
Han pasado 20 meses. No hay responsables citados a declarar. No se ha rastreado el destino del dinero. No se han abierto procesos administrativos internos. Y mientras tanto, la Fiscalía mexiquense calla, los jueces encubren, los diputados se indignan de palabra, y el gobierno estatal evita tocar el tema. El encubrimiento se ha vuelto un pacto de conveniencia.
El contraste es indignante: hay familias enteras destruidas porque alguien fue sentenciado por robar comida o unos cientos de pesos. Mientras tanto, quienes deberían garantizar justicia administran el olvido y protegen a quienes posiblemente autorizaron el saqueo de un órgano autónomo.
El plan de desarrollo estatal promete cero corrupción, pero en la práctica se protege el robo más escandaloso en años dentro del Poder Judicial mexiquense. El próximo 5 de septiembre, con la instalación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, sabremos si se repetirá la historia o si finalmente habrá un intento real de limpiar la casa.
Porque la pregunta incómoda permanece: ¿qué pesa más en este Estado, 32 millones de pesos robados con sello oficial o un ciudadano que roba para comer?
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